Santo Domingo
Fiscales usaran cámaras corporales en allanamientos y operativos.
La medida forma parte del Plan Estratégico Institucional 2026-2029 presentado por la Procuraduría General
Santo Domingo.– El Ministerio Público anunció la implementación de cámaras corporales para los fiscales durante allanamientos y operativos, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la transparencia, la eficiencia institucional y la confianza ciudadana en los procesos judiciales.
La iniciativa está contemplada en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029 de la Procuraduría General de la República y fue presentada este lunes por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, durante un acto celebrado en la sede central de la institución.
De acuerdo con lo explicado, el uso de estos dispositivos permitirá respaldar los procedimientos con evidencias técnicas, contribuyendo a documentar de manera objetiva cada actuación del Ministerio Público y a reforzar la credibilidad de los procesos legales.
Al detallar los lineamientos del PEI, Reynoso indicó que el plan se sustenta en tres ejes fundamentales: eficiencia, transparencia y respeto a la dignidad y los derechos de las personas. En ese contexto, señaló que la incorporación de cámaras corporales se integra a una agenda de innovación que incluye la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y la modernización tecnológica de las áreas operativas.
Durante la actividad, realizada en la quinta planta del edificio de la Procuraduría General, también se informó que el plan contempla el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público y una transformación integral del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mediante inversión en infraestructura, tecnología y capacitación del personal.
Las autoridades explicaron que el diseño del PEI se apoyó en aportes de más de 500 colaboradores de distintas dependencias, así como en consultas a sectores externos, entre ellos el Poder Judicial, la Defensoría Pública, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector legal privado.
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Asimismo, la elaboración del plan contó con asistencia técnica internacional y nacional, con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Entre los objetivos estratégicos, el Ministerio Público reiteró que el plan está orientado a fortalecer la persecución penal frente al crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el cibercrimen y otros delitos de alto impacto, además de impulsar la creación de fiscalías comunitarias y centros de atención integral para acercar los servicios de justicia a la población.
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