Santo Domingo
Ministerio Público pide penas de 15,10,5 años de cárcel en juicio por los casos Coral y Coral 5G
Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 15, 10 y 5 años de prisión, además de multas millonarias y el decomiso de bienes, contra varios de los imputados en el proceso judicial que se sigue por los casos Coral y Coral 5G, considerados uno de los mayores expedientes de presunta corrupción administrativa en el país.
Durante la presentación de sus conclusiones finales, el órgano acusador también pidió la disolución de las empresas involucradas y el pago de indemnizaciones al Estado dominicano, al alegar que la estructura investigada habría provocado un perjuicio superior a los 4,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, a través de las operaciones Coral y Coral 5G se imputaron cargos a un total de 48 personas, de las cuales 30 son personas físicas y 18 jurídicas, acusadas de integrar una red que operó desde instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
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En sus peticiones, la acusación solicitó penas de 15 años de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos contra algunos de los principales señalados, mientras que para otros imputados requirió condenas de 10 años con sanciones económicas que oscilan entre 200 y 400 salarios mínimos. Asimismo, se pidieron penas de cinco años de cárcel y multas de 500 mil pesos para otros implicados, de acuerdo con su grado de participación en los hechos.
Entre los imputados para quienes se solicitaron condenas figuran Kelman Santana Martínez, Pedro Castillo Roberto Nolasco, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Erasmo Rogers Pérez Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Alejandro José Montero Cruz, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, entre otros.
El Ministerio Público reiteró ante el tribunal que las pruebas presentadas demuestran la existencia de una estructura organizada que, presuntamente, utilizó instituciones del Estado para desviar fondos públicos, por lo que consideró que las penas solicitadas son proporcionales a la magnitud del daño alegado. El juicio continúa a la espera de la decisión del tribunal.














