Santo Domingo
Ministerio Público abre investigación por presuntas irregularidades en parques y reservas naturales
Santo Domingo.— La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso una investigación penal inmediata y exhaustiva ante denuncias de afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles irregularidades inmobiliarias en distintas áreas protegidas del país.
La medida abarca espacios de alto valor ecológico como el Parque Nacional Jaragua, Valle Nuevo, Dunas de Baní, Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino, entre otros puntos integrados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Para tales fines, la magistrada designó una fuerza de tarea especial que estará coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. El equipo lo integran representantes de distintas procuradurías especializadas, entre ellas la de Medio Ambiente, Antilavado de Activos y Persecución de la Corrupción Administrativa.
La disposición establece que las indagatorias deberán abarcar todos los actos jurídicos y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad o transacciones que pudieran comprometer la integridad de estos espacios naturales. El objetivo es determinar si existen estructuras delictivas, actos de corrupción o irregularidades que hayan afectado patrimonio público ambiental.
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Asimismo, la Procuraduría instruyó la elaboración de un informe detallado, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la situación jurídica y el impacto de posibles delitos en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La Procuradora General subrayó que la protección de estos ecosistemas es fundamental para garantizar la seguridad hídrica, la sostenibilidad de las actividades productivas y la preservación del patrimonio natural para las futuras generaciones.
El Ministerio Público indicó que esta acción forma parte de un reenfoque estratégico que busca fortalecer la persecución de los delitos ambientales, tratándolos con la rigurosidad que amerita su impacto social y ecológico.
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