Santo Domingo
Defensa de Gonzalo Castillo cuestiona actuación del Ministerio Público y dice “Los verdaderos responsables son protegidos por el Ministerio Público”.
Abogados alegan exclusión de presuntos responsables y piden nulidad de la acusación.
Santo Domingo.– La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, sostuvo este jueves ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el Ministerio Público habría protegido a personas que, según sus propios señalamientos, tendrían responsabilidad directa en los hechos investigados, mientras mantiene la persecución penal contra el dirigente político.
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas expusieron que la acusación fue estructurada a partir de acuerdos con individuos que admitieron haber organizado las operaciones señaladas como ilícitas, pero que no fueron incluidos como imputados en el proceso o resultaron beneficiados con criterios de oportunidad.
De acuerdo con un comunicado de la defensa, entre los mencionados figura Fernando Crisóstomo, señalado como uno de los organizadores del entramado junto a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, quienes, pese a reconocer su participación, fueron excluidos de la acusación formal. Los juristas consideran que estos debieron ocupar la posición de principales acusados y no la de testigos favorecidos.
Asimismo, citaron el caso de Carlos Báez Batista, exgerente de una entidad bancaria, a quien atribuyen la coordinación de retiros de grandes sumas de dinero en efectivo junto a Crisóstomo, y que fue presentado por el órgano acusador como testigo dentro del expediente.
La defensa indicó además que conversaciones vía WhatsApp, incorporadas por el propio Ministerio Público, evidenciarían contactos y coordinaciones directas entre Fernando Crisóstomo y Carlos Báez Batista con actores influyentes del sistema de persecución penal, incluso antes de que el proceso contara con un juez apoderado.
Según Acosta, Perdomo y Rivas, estos elementos ponen en duda la legalidad del proceso desde su inicio y respaldan la solicitud de nulidad de la acusación, al considerar que se dirige la acción penal contra quien no habría participado en los hechos, mientras se excluye a quienes, a su juicio, tuvieron un rol determinante.
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