Santo Domingo
Tribunal concede plazos de 10 días al Ministerio Público para notificación de acusación a querellantes en proceso por caso Jet Set
Próxima audiencia fue fijada para el 16 de marzo en medio de reclamos de notificación
Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió un plazo de 10 días al Ministerio Público para que notifique formalmente la acusación a los querellantes en el proceso seguido contra los propietarios de la discoteca Jet Set, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López.
La decisión fue adoptada por el juez Reymundo Mejía Zorrilla, luego de que abogados de las víctimas expusieran que, pese a haber transcurrido dos meses desde el depósito de la acusación, no habían recibido notificación oficial del expediente. El cómputo del plazo otorgado al órgano acusador comenzará a partir de mañana.
El magistrado también dispuso un período adicional de 30 días para los querellantes, a fin de que determinen si se adhieren a la acusación del Ministerio Público o presentan una acusación particular. Dicho plazo correrá igualmente desde mañana.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el proceso involucra a 346 víctimas y querellantes. Durante la audiencia preliminar se produjo un incidente cuando la diputada Lidia Pérez fue retirada de la sala tras proferir expresiones contra los imputados y sus abogados.
La audiencia tuvo lugar en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, bajo un amplio dispositivo de seguridad en el Palacio de Justicia. En las inmediaciones, varias personas portaban pancartas reclamando sanciones por la tragedia ocurrida el 8 de abril del año pasado, cuando el colapso del techo del establecimiento dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
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El juez reiteró que el proceso se desarrollará con respeto a las garantías de todas las partes y anunció que el viernes 30 de enero, a las 10:00 de la mañana, se conocerá la solicitud de los imputados para que se les autorice designar dos peritos de su elección.
La evaluación solicitada sería independiente del informe elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), estudio en el que el Ministerio Público sustenta la imputación de homicidio involuntario contra los propietarios del centro de diversión.
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