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Santo Domingo

Tres Imputados del caso Cobra señalan a Santiago Hazim como supuesto principal beneficiario quien recibió de ellos sumas millonarias del entramado

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Acusados admiten hechos y aseguran haber entregado sumas millonarias como parte de la red investigada

Santo Domingo.–Tres de los diez imputados en el denominado caso Cobra admitieron este jueves su participación en la presunta estructura que, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, desvió fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa) durante un periodo de cuatro años. Los señalados también habrían indicado a Santiago Hazim como supuesto principal beneficiario de las operaciones ilícitas.

Los imputados Cinty Acosta, Eduardo Read y Heidy Mariela Pineda reconocieron ante las autoridades los hechos que se les atribuyen. Según los abogados querellantes, los tres coincidieron en que entregaron sumas millonarias a Hazim como parte del esquema investigado.

El abogado Martín Rubiera, representante de una de las partes civiles, afirmó que estas declaraciones marcan un punto determinante en la etapa procesal.

“El proceso ha iniciado de manera contundente para Santiago Hazim. Los imputados han coincidido en atribuirle una responsabilidad significativa dentro del entramado. Tres de tres han manifestado haber entregado valores y dinero a su favor”, sostuvo Rubiera.

De acuerdo con las revelaciones, dentro de la estructura habría operado incluso una persona denominada como “fantasma”, cuya función era gestionar los recursos económicos producto de las operaciones cuestionadas.

El abogado Miguel Surun, quien también participa en el proceso, aseguró que todos los encartados que han rendido declaraciones han admitido los hechos imputados. Señaló, además, que el empresario Eduardo Ríos Trella habría confesado la entrega de mil millones de pesos en efectivo a Hazim como soborno.

Surun manifestó que, según la acusación, existen abundantes pruebas que respaldan las alegaciones de lavado de activos y pidió que no haya interferencia externa en las decisiones judiciales.

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“Esperamos que la influencia política o económica no desvíe la solicitud de prisión preventiva. Sería injusto que se otorgue arresto domiciliario a personas que, según el expediente, movilizaron miles de millones a través de empresas de capital mínimo”, expresó.

Recordó que el proceso continúa en fase de medida de coerción, etapa en la que el juez puede disponer medidas distintas a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, pese a las admisiones de los imputados.

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